ALTERNATIVAS PARA UN NUEVO ORDEN SOCIAL Y ECONÓMICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES

ALTERNATIVAS PARA UN NUEVO ORDEN 

         SOCIAL Y ECONÓMICO DESDE LA 

     PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES

Documento aprobado en el Congreso Ordinario y Extraordinario de la CTA AUTÓNOMA

28 de febrero 2018

Síntesis:

En el presente documento planteamos algunos ejes de discusión que, de manera articulada, permiten trazar una alternativa posible de cambio y revisión del orden social y económico. Partimos de la idea de que no es posible transformar el ordenamiento social vigente sin una estrategia que promueva el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para incidir en el diseño de la sociedad. Para ello, resulta imprescindible remover el conjunto de condiciones e instituciones que debilitan su participación que podemos sintetizar en las siguientes: la pauperización de las condiciones de vida de la sociedad; la precarización laboral, el desempleo y el trabajo clandestino y la burocratización y/o transformación de una parte importante de las organizaciones de los trabajadores en empresas cuyo efecto es coartar la libertad y la democracia sindical. El efecto concreto es el debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores y la reducción de su función a la representación de una minoría de la clase trabajadora. Por lo tanto, el círculo de exclusión de la vida política y sindical queda instalado con una doble condición: es la baja capacidad de incidencia de los trabajadores en el orden social la que se expresa en el debilitamiento de sus propias organizaciones y la menor relevancia que éstas disponen respecto al conjunto de la clase trabajadora. En términos sintéticos, las iniciativas propuestas son:

1. Establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de los hogares: Consiste en una batería de políticas de carácter universal para intervenir en la condición de pauperización social vigente con el principal objetivo de erradicar de la pobreza en nuestro país. Esta estrategia integrada de transferencia directa de ingresos a distintos grupos poblacionales contiene los siguientes instrumentos:

1. La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes de hogar desocupados en el marco de la conformación de un circuito económico de alcance nacional y aplicación local en provincias y municipios para movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción en orden a permitir el alcance universal de la infraestructura social básica. El valor estimado para el mismo es de $14.600 al mes de marzo del corriente año y supone un efectivo piso de ingresos para el conjunto de la fuerza laboral que incluso supera al actual salario mínimo de los trabajadores formales en un 53,7%.

2. La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de un nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal para el grueso de las prestaciones incluidas en el mismo. Esta propuesta resuelve la discriminación en la que sistema actual incurre al diferenciar los pagos por este concepto según la condición laboral de los adultos responsables al tiempo que se establece un solo sistema de carácter universal sin fragmentación ni exclusión de la población objetivo. El valor propuesto de la asignación familiar por hijo es el actualmente vigente de $1.493.

3. El establecimiento de una jubilación universal para la población adula mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF). Si bien esta medida no resuelve la necesidad de reformular el actual esquema previsional, en esta oportunidad particular se busca que la estrategia del piso de ingresos pueda incidir en los hogares con presencia de adultos mayores. Surge entonces que el monto de la jubilación universal se ubica en los $12.000generando un impacto real en los montos de las jubilaciones en el actual sistema previsional, a partir de la fijación de un umbral de ingreso más alto y efectivamente universal. Esto implica un aumento del piso de haberes del orden del95% respecto a PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)y del 54% respecto al haber mínimo garantizado hoy vigente.

Realizando un ejercicio de factibilidad para resolver la pobreza, se verifica que la transferencia de ingresos a los hogares pobres representa apenas 6% de un PBI que hoy alcanza los $9.940.327 millones¹, aunque si consideramos los ingresos ya disponibles con los que cuentan los hogares en esta condición, se reduce al 2,4% del producto. En términos monetarios, por lo tanto, lo anterior indica que, a valores del año 2017, el costo fiscal de la propuesta oscila entre los $ 238.568 millones y los $596.420 millones según ambas metodologías de cálculo. Con el objeto de erradicar el hambre, con tan sólo distribuir entre el 0,5% y 0,2% del PBI sería posible resolver la emergencia del hambre lo que implica una redistribución de entre $ 19.881 millones y $ 49.702 millones. Claro está que en la Argentina de hoy sobran recursos pero falta voluntad ya que, independientemente de los instrumentos de política pública que se elijan, el esfuerzo distributivo que el Estado debe realizar es mínimo ya que compromete a sólo el 5,9% (o como máximo el 14,7% si considera la estimación más elevada) de un gasto público consolidado que actualmente alcanza los $4.043.525,4 millones².

2. La democracia y libertad sindical para fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores en el proceso de trabajo: El actual esquema sindical por rama de actividad, pensado en función de otro  modelo productivo que el vigente, que consagra en nuestro país el modelo de sindicato único resulta hoy insuficiente para representar las demandas de los trabajadores. No sólo por las prácticas corruptas o propatronales de la dirigencia sindical del unicato sino también por la obsolescencia de un régimen que no alcanza a dar cuenta de las transformacionesdel modelo de acumulación del capital efectuadas a nivel mundial que se expresan en procesos de integración, diversificación, conglomeración, cambio tecnológico y deslocalización de la cadena de producción.Por lo tanto, la libertad y democracia sindical, partiendo de la necesidad de dinamizar la elección de delegados al interior de los establecimientos e incorporando nuevos marcos de posibilidad para la negociación colectiva, se presenta como una estrategia ineludible para favorecer la reorganización de la clase trabajadora en la disputa por el ingreso y las condiciones de trabajo en el marco de un nuevo proceso de acumulación de capital, dotando de una mejor organización de la clase trabajadora respecto a las características de la patronal.

3. Eliminar el sobreempleo para terminar con el desempleo. Reducir la sobre- jornada laboral: la problemática del desempleo es posible atenderla a partir de intervenir en su contracara, el sobreempleo por la vía de la reducción de la sobreocupación horaria. Si consideramos la estadística laboral se verifica que es posible reducir la jornada laboral de los trabajadores asalariados sobreocupados a los efectos de que realicen una jornada laboral normal percibiendo el mismo ingreso para favorecer la creación de entre 1.141.870 y 1.762.357 puestos de trabajo. Es decir, que combatiendo la sobreocupación (es decir la sobreexplotación laboral) y repartiendo el empleo (es decir las horas excedentes) podemos terminar con la desocupación y mejorar las condiciones de vida de los que hoy trabajan.

4. Socialización de la renta tecnológica propiciando un nuevo reparte del tiempo de trabajo entre empleo y formación. Se plantea la conformación de un Seguro de Empleo y Formación para generar un replanteo en la distribución de la productividad en el marco del paradigma de avance tecnológico a través de un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre jornada laboral y jornadas de formación que genere una fuerza laboral calificada acorde a los nuevos requerimientos tecnológicos. La nueva institucionalidad condensada en un Seguro de Empleo y Formación para el conjunto de la fuerza de trabajo, estructurada por cadena de valor, permite una revisión de la cuestión del empleo, en vistas de la conformación de un orden social más inclusivo en cuanto a la distribución del excedente económico socialmente generado. En tanto el cambio tecnológico reduce la necesidad de fuerza de trabajo por unidad de producto y al mismo tiempo requiere niveles crecientes y permanentes de capacitación de la fuerza laboral, el Seguro de Empleo y formación permite capturar en manos públicas parte del incremento de la productividad resultante de la nueva tecnología.

Esto se logra en base a un nuevo reparto de la jornada laboral que por un lado reduce el tiempo de empleo al tiempo que libera horas para garantizar procesos de formación y reconversión de la fuerza laboral.

Las propuestas aquí presentadas que buscan fortalecer la capacidad de discusión e injerencia de la clase trabajadora en el diseño de un orden social alternativo requieren del replanteo del rol de Estado en, al menos, dos de sus dimensiones de intervención: En el proceso de Inversión y En la distribución del ingreso.

Lineamientos para una propuesta

El dato de la coyuntura es la inexistencia de un debate serio sobre los problemas que enfrenta la Argentina. La política del gobierno de Macri no demuestra ninguna intención de abordarlos, por el contrario parece profundizarlos en la medida en que el principal objetivo está puesto en premisas que responden alya conocido protocolo liberal para superar las crisis: ajuste en la intervención del Estado que implica menos gasto social y regresividad en la carga tributaria, reducción del costo laboral, apertura comercial y cierre de industrias consideradas “ineficientes” y mejoramiento de las condiciones de rentabilidad, particularmente para el capital financiero.

En este marco, la agenda del gobierno está atestada de medidas que representan una permanente ofensiva a las condiciones de vida de los trabajadores, jubilados y pensionados, sectores vulnerables y el campo popular en su conjunto. Con un nivel de ficción inusitado, el diagnóstico oficial afirma que el problema principal de la falta de inversión, del déficit fiscal, de la inflación, del margen acotado de competitividad tiene origen en los elevados costos laborales que el empresario debe afrontar. La falsedad de este argumento queda expuesta al constatar que, realizando un simple ejercicio a partir de la estadística oficial del segundo trimestre 2017, de una jornada laboral de 8 horas, el tiempo de trabajo que el trabajador ocupa para reproducir el valor de su salario es una hora y 55 minutos mientras el resto, 6 horas y 5 minutos trabaja para producir el excedente económico que será apropiado principalmente por el empresario. Cabe destacar que la captación del excedente por parte del Estado, en forma de impuestos, para la redistribución secundaria del ingreso se realiza también de manera desigual trasladando la mayor carga sobre los salarios y los ingresos de los sectores populares. Lo anterior se expresa también en la importante diferencia entre el rendimiento que genera una hora de trabajo, que al 2017 oscila los $319 (U$S 20,3) y la retribución que efectivamente recibe el trabajador por esa labor, de $76,5 (U$S 4,8). La diferencia, es el margen del excedente económico apropiado, en primera instancia por el empresario, (de $242,5 / U$S 15,4) que representa una tasa de explotación media de 317%. Esta magnitud que representa tan sólo una estimación de la explotación promedio de la economía esconde una gran heterogeneidad sectorial en su interior, sobre la cual podemos afirmar que resulta ser superior en el caso de las grandes firmas conforme a los diferenciales de productividad que las mismas disponen.

Se evita así dar el verdadero debate: el problema de la inversión en el modelo económico argentino que opera, con sus matices, desde hace más de cuarenta años. Buena parte de los desequilibrios macroeconómicos que desvelan a los funcionarios públicos tienen origen en el carácter estructural de un modelo productivo altamente concentrado e internacionalizado que obtiene rentas extraordinarias sin necesidad de inversión. En tanto la inversión en un régimen capitalista es función de la obtención de una cuasi renta, la posibilidad que brinda nuestra economía de que los sectores dominantes puedan obtener rentas extraordinarias por control sobre los mercados en los que operan, por control sobre los recursos naturales que devengan renta, por manejo de información privilegiada asociada a los cambios en la política económica o por opciones de mayor rentabilidad y rapidez en el terreno especulativo financiero, debilita el proceso de inversión. En el cuadro descripto, la inversión adopta un carácter vegetativo destinado a mantener las posiciones dominantes que permiten aprovechar las ventajas descriptas y en ningún caso esto puede alterarse por la vía de producir masivas y generalizadas transferencias de ingresos al capital a través de por ejemplo la reducción de las contribuciones patronales. Lejos de ello, este tipo de medidas alientan el comportamiento especulativo y rentístico de los grandes capitales. Por lo tanto, el sostenimiento de bajos costos laborales junto con políticas que profundizan su reducción, lejos de producir efectos económicos virtuosos, terminan por potenciar el proceso de fuga de capitales que acumuló más de U$S 102.000 millones en el período 2003- 2015 y continúa acelerando su tendencia en esta gestión con más de U$S 34.000 millones. En manos del capital transnacional, la reticencia inversora, se expresó, por su parte, en un total de utilidades y dividendos girados al exterior de U$S 24.000 millones durante los gobiernos kirchneristas y acumula con Macri un total de U$S 5.272 millones.

Más aún, los efectos de no resolver el problema de inversión no se reducen sólo a la fuga de capital y la remisión de utilidades y dividendos sino que también están asociados a la lógica permanente de la deuda del sector público, que en la presente coyuntura adquiere singular relevancia de la mano de acreedores externos, acotando el margen de acción del Estado y el uso de los recursos públicos para el pago de servicios de deuda. En el período comprendido entre los años 2003 y 2015 se cancelaron U$S 45.924 millones en concepto de intereses de deuda mientras en tan sólo los dos primeros años de la era Macri, U$S 19.471 millones.

Conforme a lo anterior, el actual programa aplicado por gobierno nacional que busca profundizar la transferencia de recursos hacia actores económicos concentrados, en lugar de reactivar algún ciclo de crecimiento económico, tiene como resultado la ampliación del margen de rentabilidad y la intensificación de los procesos de huida del excedente económico.

Lo que se precisa en realidad es impulsar un una nueva propuestaque, desde la perspectiva de los trabajadores, tenga que ver con las nuevas condiciones del proceso de acumulación de capital, con el cuadro social de la Argentina y con el cambio tecnológico.

A continuación planteamos algunos ejes de discusión que, de manera articulada, permiten trazar una alternativa posible de cambio y revisión del orden social y económico. Desde ya, partimos de la idea de que no es posible transformar el ordenamiento social vigente sin una estrategia que promueva el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para incidir en el diseño de la sociedad. Para ello, resulta imprescindible remover el conjunto de condiciones e instituciones que debilitan su participación que podemos sintetizar en las siguientes: la pauperización de las condiciones de vida de la sociedad; la precarización laboral, el desempleo y el trabajo clandestino y la burocratización y/otransformación de una parte importante de las organizaciones de los trabajadores en empresas cuyo efecto es coartar la libertad y la democracia sindical. Respecto al último señalamiento, el efecto concreto es el debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores y la reducción de su función a la representación de una minoría de la clase trabajadora³.Por lo tanto, el círculo de exclusión de la vida política y sindical queda instalado con una doble condición: es la baja capacidad de incidencia de los trabajadores en el orden social la que se expresa en el debilitamiento de sus propias organizaciones y la menor relevancia que éstas disponen respecto al conjunto de la clase trabajadora.

1. Establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de los hogares: Esta iniciativaimplica la construcción de un Piso de Ingresos y Garantías a través de una batería de políticas de carácter universal paraintervenir en la condición de pauperización social vigente con el principal objetivo de erradicar de la pobreza en nuestro país. La misma consiste en una estrategia integrada de transferencia directa de ingresos a distintos grupos poblacionales a través de los siguientes instrumentos:

1. La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes de hogar desocupados en el marco de la conformación de un circuito económico de alcance nacional y aplicación local en provincias y municipios para movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción en orden a permitir el alcance universal de la infraestructura social básica. El efecto de la transferencia de ingresos tiene un doble impacto: por un lado, intervenir en la emergencia social de los hogares a través de transferencia de un salario que tenga relación con la satisfacción de necesidades básicas de las unidades familiares. De este modo, la articulación de la asignación universal por hijo con el SSEyF busca garantizar que el conjunto de los hogares accedan a ingresos familiares que superen la línea de pobreza (estimada actualmente por la EPH – INDEC). Conforme a lo anterior, el valor de la Canasta Básica Total (CBT) estimada al mes de Marzo del 2018⁴ para una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos es de $17.590, lo que implica que el monto del SSEyF resultante, luego de la deducción de dos asignaciones familiares por hijo, alcanza los $14.600. Cabe destacar que el monto alcanzado con esta metodología de cálculo resulta prácticamente equivalente a la única referencia legítima para establecer el Salario Mínimo Vital y Móvil, ignorada por la práctica arbitraria del Consejo de Salario, que es valor de una canasta estimada para un trabajador sin carga de familia. La misma se ubicó al mes de Enero en $14.562, en línea con el SSEyF propuesto y por encima del actual SMVM (de $9.500). En concreto entonces, al momento esta propuesta implicaría un aumento del salario mínimo de los formalesen un 53,7%

El segundo efecto tiene incidencia directa en el plano laboral ya que la implementación de un ingreso destinado a la población desocupada en vistas de resolver las condiciones de vida de los hogares, eleva la media salarial de la población ocupada por doble vía: por un lado, descomprime la presión en el mercado de trabajo de miembros de las familias que buscan complementar ingresos y por el otro, fija un efectivo salario mínimo que condiciona a la discusión salarial a superarlo de manera de contribuir al fortalecimiento en la negociación colectiva de las condiciones laborales y a atenuar las estrategias de disciplinamiento social de actores económicos concentrados.

2. La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de un nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal para el grueso de las prestaciones incluidas en el mismo. Esta propuesta resuelve la discriminación en la que sistema actual incurre al diferenciar los pagos por este concepto según la condición laboral de los adultos responsables al tiempo que se establece un solo sistema de carácter universal sin fragmentación ni exclusión de la población objetivo. El valor propuesto de la asignación familiar por hijo es el actualmente vigente (a partir del mes de Marzo) de $1.493 en la medida que esta política de ingresos está acompañada por otras destinadas a transferir ingresos a los hogares de acuerdo a sus necesidades materiales de vida.

3. El establecimiento de una jubilación universal para la población adula mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF). Si bien esta medida no resuelve la necesidad de reformular el actual esquema previsional, que en el marco del mundo laboral actual, ha quedado profundamente alejado de lo que debiera ser su principal función, la de garantizar cobertura de calidad a la población en edad pasiva, en esta oportunidad particular se busca que la estrategia del piso de ingresos pueda incidir en los hogares con presencia de adultos mayores. Conforme al valor que asume el SSEyF, surge entonces que el monto de la jubilación universal se ubica en los $12.000 generando un impacto real en los montos de las jubilaciones en el actual sistema previsional, a partir de la fijación de un umbral de ingreso más alto y efectivamente universal. Cabe recordar, que luego de los cambios realizados por gobierno de Macri, la idea del haber mínimo queda diluida en la medida que se conforma un esquema de tres haberes mínimos (uno más mínimo que el otro) que parte de una prestación universal que perforó el piso anterior ubicándolo en el 80% del mismo. Esto implica un aumento del piso de haberes del orden del 95% respecto a PUAM y del 54% respecto al haber mínimo garantizado.

Por otra parte, la construcción de un piso de ingresos y garantías para la población supone unshock distributivo en la economíaque en tanto, promueve una modificación en el perfil de la demanda agregada, se articula con la reorientación del modelo productivo en función de tres vectores básicos sobre los quese plantea un nuevo ordenamiento económico, a saber: la satisfacción de las necesidades de la población, la incorporación de progreso técnico y el ahorro de divisas.

Es preciso señalar que nuestro país no es pobre sino que produce pobreza. Este juego de palabras implica nada menos que reconocer que, lejos de ser un fenómeno natural, su origen tiene que ver con la trama de relaciones sociales que sostienen la matriz distributiva que organiza la esquema de acumulación vigente. En otros términos, la desigualdad es lo que está de fondo en el fenómeno de la pobreza. Realizando un ejercicio de factibilidad para resolver la pobreza, se verifica que la transferencia de ingresos a los hogares pobres representaapenas 6% de un PBI que hoy alcanza los $9.940.327 millones⁵, aunque si consideramos los ingresos ya disponibles con los que cuentan los hogares en esta condición, se reduce al 2,4% del producto. En términos monetarios, por lo tanto, lo anterior indica que, a valores del año 2017, el costo fiscal de la propuesta oscila entre los $ 238.568 millones y los $596.420 millones según ambas metodologías de cálculo.Con el objeto de erradicar el hambre, con tan sólo distribuir entre el 0,5% y 0,2% del PBI sería posible resolver la emergencia del hambre lo que implica una redistribución de entre $ 19.881 millones y $ 49.702 millones. Claro está que en la Argentina de hoy sobran recursos pero falta voluntad ya que, independientemente de los instrumentos de política pública que se elijan, el esfuerzo distributivo que el Estado debe realizar es mínimo ya que compromete a sólo el 5,9% (o como máximo el 14,7% si considera la estimación más elevada) de un gasto público consolidado que actualmente alcanza los $4.043.525,4 millones⁶.

2. La democracia y libertad sindical para fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores en el proceso de trabajo

El actual esquema sindical por rama de actividad, pensado en función de otro  modelo productivo que el vigente, que consagra en nuestro país el modelo de sindicato único resulta hoy insuficiente para representar las demandas de los trabajadores. No sólo por las prácticas corruptas de la dirigencia sindical del unicato sino también por la obsolescencia de un régimen que no alcanza a dar cuenta de las transformaciones efectuadas a nivel mundial desde el último cuarto del S.XX en los procesos de valorización del capital.

La Argentina que tenemos hoy, caracterizada por la vigencia de un mundo laboral dominado por la flexibilización de las contrataciones laborales junto con el debilitamiento del rol del salario como vector principal que motoriza la demanda, es el resultado de un proceso de reestructuración que lleva más de cuarenta años. Este proceso de reestructuración ha implicado un doble fenómeno con respecto al proceso de acumulación del capital: por un lado, permitió intensificar el proceso de concentración en la propiedad de los medios de producción, y por otro lado, un proceso de transnacionalización, es decir, aquellos que tienen control sobre los medios de producción tienen una lógica de funcionamiento que no se definen al interior de las fronteras locales sino en el marco de la economía mundial (tanto en los principales grupos económicos de origen local como también en las empresas). Por lo tanto, en los procesos de concentración y centralización de capital de carácter trasnacional se viven experiencias de integración, diversificación, conglomeración y deslocalización.

En este marco, laboral y productivo, la disputa de los trabajadores por salario y condiciones de trabajo por rama, que ya resultan debilitadas frente a la perdida de relevancia del salario mínimo, es desafiada también por la forma que adopta la acumulación de capital, la cual muchas veces supera el sector de actividad e incluso también el espacio nacional.

Para presentar algún ejemplo a modo ilustrativo nos sirve el caso de la empresa Ledesma de capital nacional. El conglomerado empresarial, perteneciente a la familia Blaquier, tristemente vinculada a los acontecimientos de la última dictadura militar, originalmente se especializaba en la producción de azúcar y actualmente mantiene una red de actividades que denotan su significativa diversificación: durante las últimas décadas fue incorporando la producción de papel, frutas y jugos concentrados, carne y cereales, alcohol y bioetanol, jarabes, almidones de maíz, carnes y cereales. Según la información oficial de la página de web de la empresa, la diversificación e integración productiva se expresa a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, aprovechando principalmente las ventajas naturales locales. En la provincia de Jujuy, Ledesma instaló su complejo agroindustrial (plantaciones de cítricos, paltas, empaque de frutas y plantas de jugos, campos de caña de azúcar, fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol, y celulosa y papel con generación propia de electricidad); en San Luis a través de su empresa Glucovil Argentina S.A. (empresa conjunta Ledesma en un 70% y Cargill en un 30%) jarabes, almidones y aceites para la industria de la alimentación y productos destinados a la nutrición animal, todos ellos provenientes de la molienda húmeda de maíz (también dispone de generación eléctrica propia), tiene instalación de planta de producción de cuadernos, repuestos escolares y papelería comercial; en Salta a través de una UTE “Aguaragüe” participa en la exploración y explotación de petróleo y gas; en Tucumán tiene plantas de fraccionamiento de azúcar; y en Buenos Aires y Entre Ríos mantiene su producción de carne y granos en La Biznaga, La Bellaca y Magdala (Buenos Aires) y en Centella (Entre Ríos) y sus oficinas comerciales

A pesar del emporio agroindustrial, los 8.000 empleados contratados por Ledesma están regulados por distintos convenios colectivos de trabajo (entre ellos el azucarero) que discuten paritaria fragmentadamente sin considerar, de manera integral, las características de una patronal que trasciende los límites sectoriales. Cabe destacar, en esta línea, que a mediados del año 2016 el Sindicato de los Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal cerró un aumento anual de 41,3% después de un conflicto que incluyó 75 días de huelga y fue considerado como una de las paritarias más elevadas. Sin embargo, la extraordinaria performance presentada se diluye al observar que durante el período 2015 – 2016, la ganancia operativa del conglomerado se amplió en un 68,1% (de $818 millones a $1.376 millones) y la ganancia neta en 1.092,8% (pasó de tener pérdida de utilidades a $789 millones).

Por lo tanto, la libertad y democracia sindical, partiendo de la necesidad de dinamizar la elección de delegados al interior de los establecimientos e incorporando nuevos marcos de posibilidad para la negociación colectiva, se presenta como una estrategia ineludible para favorecer la reorganización de la clase trabajadora en la disputa por el ingreso y las condiciones de trabajo en el marco de un nuevo proceso de acumulación de capital, dotando de una mejor organización de la clase trabajadora respecto a las características de la patronal.

En este marco resulta ineludible fortalecer el rol de las comisiones internas y sus delegados en los establecimientos de trabajo, particularmente en los privados, para los cuales actualmente prácticamente no se dispone de representación sindical. De un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo en el año 2005, surge que las empresas de mayor tamaño son las que tienen una menor proporción de trabajadores comprendidos en convenio colectivo (el 21,6% quedan afuera) al tiempo que tan sólo el 12,4% de las empresas cuenta con delegados y juntas internas.

Por lo tanto, resulta necesario repensar los marcos sindicales de manera de favorecer la necesaria articulación de la organización de los trabajadores a lo largo de las cadenas de valor que, de la mano de los procesos de deslocalización productiva, obligan a pensar articulaciones internacionales más allá de las organizaciones profesionales. La libertad y democracia sindical es la clave que posibilita a los trabajadores decidir libremente como organizarse, no sólo para romper el tapón de conducciones burocráticas sino para dotar a la clase de la capacidad de enfrentar al capital en las formas que hoy adopta el proceso de valoración del capital.

3. Eliminar el sobreempleo para terminar con el desempleo. Reducir la sobre- jornada laboral

En la Argentina de hoy es posible resolver el problema del desempleo. Lo anterior es posible afirmarlo incluso, en el esquema vigente de relaciones laborales que mayormente precariza y excluye a buena parte de la fuerza de trabajo de los procesos productivos existentes. De manera que, sin necesidad de alcanzar un profundo (aunque necesario) replanteo de la cuestión del empleo y de la apropiación de los excedentes sociales, la problemática del desempleo es posible atenderla a partir de intervenir en su contracara, el sobreempleopor la vía de la reducción de la sobreocupación horaria.

Si consideramos la estadística laboral actual que da cuenta de la magnitud de la sobreocupación y de la desocupación, observamos que otro reparto del tiempo de trabajo es absolutamente factible. En base a la estadística se observa que es posible reducir la jornada laboral de los trabajadores asalariados sobreocupados a los efectos de que realicen una jornada laboral normal percibiendo el mismo ingreso para favorecer la creación de entre 1.141.870 y 1.762.357 puestos de trabajo, según se tome el total de los asalariados sobreocupados o solo los registrados. Es decir, que combatiendo la sobreocupación (es decir la sobreexplotación laboral) y repartiendo el empleo (es decir las horas excedentes) podemos terminar con la desocupación y mejorar las condiciones de vida de los que hoy trabajan. Claves interpretativas éstas, que de considerarse en un verdadero replanteo del marco laboral permitiría resolver buena parte de las limitaciones del mercado laboral argentino.

3. Socialización de la renta tecnológica propiciando un nuevo reparte del tiempo de trabajo entre empleo y formación.

En toda economía capitalista, sea esta de carácter desarrollado o no, la existencia de los ciclos económicos que da lugar a la alternancia de crisis está, por lo general, fuertemente relacionado con el desajuste que se establece entre las fuerzas productivas que realimentan los procesos de producción y reproducción social con respecto al tipo de gestión que los organiza.

Es así como los criterios de gestión vigente, o la falta de regulación sobre la economía producen conceptos erróneos para la administración, apropiación y por lo tanto la distribución de los rendimientos del dinamismo tecnológico relacionados principalmente con las condiciones que determinan los procesos de acumulación del capital: la productividad, la reinversión del excedente económico y la rentabilidad empresarial. Desde la gestión vigente la productividad está relacionada con la reducción de trabajo vivo por unidad de producto porque su lectura está asociada a una noción de eficiencia para el capital invertido, es decir una productividad para el capital. De esta manera la renta tecnológica sólo puede ser apropiada enteramente por el capitalista y la reinversión se asocia simplemente con la incorporación de nuevos equipamientos que permitan ampliar la productividad entendida de este modo.

Lo que omite la organización actual de los procesos productivos, es que el conocimiento resulta el eje fundamental del nuevo paradigma productivo y que, por lo tanto, el menor consumo de fuerza de trabajo por unidad de producto culmina con mayores índices de desempleo y sobreexplotación laboral, impactando negativamente en la posibilidad de generar instancias continuas de formación y de mayor calificación de la fuerza laboral, cuestión clave, como dijimos, para el desarrollo tecnológico. Omite por completo una de las características del nuevo modelo de acumulación, que con las nuevas tecnologías informacionales y los nuevos métodos de gestión participativos, el trabajador necesita un nivel de formación cualitativamente superior a lo que se requería en la revolución industrial cuando la cuestión era operar las máquinas herramientas y complementar manualmente sus operaciones. El resultado de esta situación que combina una gestión dominantemente neoliberal y el desarrollo persistente de la tecnología ocasiona depresión de la demanda y deterioro de la fuerza laboral.

De esta manera,proponemos la creación de una nueva institución representada en el Seguro de Empleo y Formación para comenzar a reconocer un ingreso desligado de la lógica mercantil al tiempo que promueva instancias de formación para el conjunto de la fuerza laboral de manera continua y permanente, estructurado por cadenas de producción. Sólo a través de este tipo de políticas es posible incidir directamente sobre las limitaciones de la fuerza laboral, sentando las bases para un nuevo programa económico de cambio social que atienda a las restricciones de ingreso y las limitaciones de formación del conjunto de la fuerza laboral compatible con el actual esquema económico.

Este eje requiere la revisión de las instituciones que regulan las relaciones laborales actuales para generar un replanteo en la distribución de la productividad en el marco del paradigma de avance tecnológico a través de un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre jornada laboral y jornadas de formación que genere una fuerza laboral calificada acorde a los nuevos requerimientos tecnológicos. La nueva institucionalidad condensada en un Seguro de Empleo y Formación para el conjunto de la fuerza de trabajo, estructurada por cadena de valor, permite una revisión de la cuestión del empleo, en vistas de la conformación de un orden social más inclusivo en cuanto a la distribución del excedente económico generado socialmente.

Las propuestas aquí presentadas que buscan fortalecer la capacidad de discusión e injerencia de la clase trabajadora en el diseño de un orden social alternativo requieren del replanteo del rol de Estado en, al menos, dos de sus dimensiones de intervención:

En el proceso de inversión:Consideramos que el actual perfil productivo impone límites estructurales a cualquier intento de política redistributiva por lo cual resulta necesario aunar en una estrategia común tanto la búsqueda de un nuevo perfil de demanda como la reconversión productiva. Es preciso que, para adaptar los requerimientos productivos a la satisfacción de necesidades de la población en su conjunto, se ponga en debate la capacidad del Estado para intervenir sobre el proceso de inversión. Por estos motivos es que consideramos de vital importancia articular la propuesta aquí presentada con el debate del rol del sector público. Un Estado, que para ser efectivo en su capacidad de incidir debe, en primer lugar promoverprocesos deproducción industrial de sustitución de importaciones y de incorporación de progreso tecnológico para que el efecto de la propuesta no derive en un aumento de las importaciones y en la reproducción de desequilibrios externos.Por otro lado, no menos importante resulta ser la promoción de nuevos actores de la producción, potenciar el desempeño de las Pymes y de la economía socialpara limitar la concentración económica existente en los principales mercados.

En la distribución del ingreso: Hasta el momento la intervención del Estado como agente distribuidor de ingresos a través de la política fiscal resulta ser inocua. La política del shock distributivo determina que la reconfiguración del sector público tienda hacia una mayor progresividad distributiva de manera de gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva y transferir ingresos a población vulnerable. Para ello, el fortalecimiento del sector público debe darse sobre la base su democratización y articulación con las necesidades de la comunidad a la que pertenece.

ANEXO: PRECISIONES CONCEPTUALES ACERCA DELAPROPUESTA

A continuación presentamos un mayor desarrollo conceptual de alguno de los ejes planteados en el apartado anterior.

Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de los hogares

Un shock distributivo de carácter multidimensional

La idea de instituir en la Argentina una renta básica universal tiene una larga trayectoria de propuesta y discusión al interior de nuestras organizaciones sociales. Concretamente la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) fue protagonista de uno de los procesos más importantes de movilización y debate político que buscó confrontar el paradigma neoliberal de los ´90 cuyo hito fundamental quedó consagrado en la construcción de Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). En el marco del mismo y haciendo uso legítimo de la consulta popular, más de tres millones de personas votaron en Diciembre del 2001 a favor de la conformación de un esquema de redistribución del ingreso que se propuso eliminar la pobreza en la Argentina. La idea se materializaba concretamente a través de programas de transferencia de ingresos, tributarios al concepto de renta universal, destinados a distintos grupos poblacionales, con el objetivo fundamental de construir un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares.

Actualmente, la construcción de un Piso de Ingresos y Garantías en la Argentina continúa siendo una necesidad no resuelta, por una simple razón: hoy no existe tal piso. Los niveles de empobrecimiento de nuestra sociedad demuestran que a pesar de haber atravesado prácticamente una década en la cual predominó el crecimiento económico, éste no fue suficiente para desandar la precariedad de las condiciones materiales de vida de una parte importante de nuestra población. Por esta razón el objetivo principal de la propuesta del Piso de Ingresos y Garantías radica en construir una nueva estrategia que permita dar combate real a la pobreza.

En la Argentina de hoy existe aproximadamente un 30% de su población que no logra realizar los ingresos suficientes para cubrir los gastos de una canasta básica total y de ellos un 6% transita directamente una situación de indigencia sin poder siquiera alimentarse. Esto implica que nada menos que 13 millones de personas sean pobres y casi tres millones pasen hambre. Pero por otro lado, el dato más cruel lo constituye el rasgo de infantilización de la pobreza. La magnitud de la pobreza y la indigencia en los niños, niñas y adolescentes es todavía superior a la del resto. La última información disponible demuestra que la mitad de los pobres son chicos y la mitad de los chicos son pobres siendo que existen cerca de 5,5 millones de chicos y chicas pobres (46,5%) de los cuales 1,2 millones están pasando hambre (el 10,4%).

La inexistencia de un piso de ingresos en los hogares se explica principalmente por la propia dinámica del mercado laboral y sus instituciones incapaces de generar un ingreso mínimo efectivopara el conjunto de los trabajadores. En el escenario actual, la precarización laboral se constituye como la forma histórica de uso de la fuerza laboral bajo la cual se establece la apropiación del excedente económico. Podemos afirmar que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral, es decir 8,6 millones de trabajadores, sostiene inserciones de carácter precario. En este universo, no sólo están contenidos los trabajadores asalariados no registrados que representan el 33% de las relaciones asalariadas, sino que también incorpora a los desocupados y los trabajadores familiares sin remuneración, a aquellos trabajadores del sector formal contratados por tiempo determinado, como así también a aquellos que perciben ingresos inferiores al salario mínimo por hora.

Tal configuración, por lo tanto, atenta contra el alcance y efectividad de las instituciones tradicionales del ordenamiento laboral de nuestro país. Entre ellas se destaca la institución del Salario Mínimo Vital y Móvil que sostiene garantías para un segmento acotado de la fuerza laboral mientras que el resto queda excluido de las determinaciones que, en materia de piso de ingresos, realiza el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el SMVM. Al año 2017 se verificó que el 35,5% del total de ocupados perciben salarios por debajo del salario mínimo, magnitud ésta que es de mayor significancia, en un 50% aproximadamente, al considerar al segmento de los asalariados no registrados y al cuentapropismo. En este sentido, el salario mínimo ha dejado de ser un piso efectivo de ingresos para el conjunto de los trabajadores perjudicando su capacidad negociadora y debilitando sus demandas y reivindicaciones en la negociación colectiva.

La propuesta de construir un Piso de Ingresos busca entonces paliar la situación de emergencia y de extrema vulnerabilidad por la que atraviesa un conjunto considerable de nuestra sociedad y promover un shock de ingresos, que con fines distributivos, reduzca la actuación de los sectores dominantes en sus estrategias vinculadas con el disciplinamiento social.

Desde nuestra perspectiva, un instrumento de contención para la emergencia social, para ser efectivo, debe ser a la vez un instrumento transformador de la trama de relaciones sociales vigente que genera tales emergencias. De esta manera, la iniciativa del Piso de Ingresos para garantizar que ningún hogar perciba ingresos por debajo de la línea de pobreza tendrá que incorporar necesariamente instrumentos que permitan captar el ciclo de vida del conjunto de los integrantes de un hogar:

1. La incorporación de los jefes de hogar desocupados a un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) asociado con la estrategia de desarrollo y acceso universal a la infraestructura social y comunitaria.
2. La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de un nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal para el grueso de las prestaciones incluidas en el mismo.
3. El establecimiento de una jubilación de carácter universal equivalente al 82% del SSEyF.

En concreto, la acción de estos tres nuevos instrumentos permitirá incorporar mayores grados de progresividad al interior del Sistema de Protección Social conforme a los pilares universales que esta iniciativa generaría a través de: la universalización del sistema de Asignaciones Familiares y la incorporación de un componente universal en el Sistema de Previsión Social. Pero también incorpora, mediante el pago de un salario social a los desocupados, una disrupción en el esquema de relaciones de producción vigente dotando a la fuerza laboral de un piso salarial efectivo que sujetada a un ciclo de formación continuo apuntale transformaciones en la base material de producción y consecuentemente la trama de relaciones sociales que de la misma surge.

Los procesos de producción vinculados a la creación de un SSEyF deben ser aquellos que tienen lugar en el ámbito del sector público que denotan serias limitaciones para dar cumplimiento al rol del Estado como garante en el acceso a la infraestructura social básica al conjunto de la comunidad. Este pilar, por lo tanto consiste en integrar en una sola estrategia el SSEyF con el direccionamiento del gasto social para la conformación de un circuito económico de alcance nacional y aplicación local en provincias y municipios para movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción en orden a satisfacer necesidades actualmente insatisfechas y de carácter impostergable como los son las que exponemos a continuación:

• Garantizar el acceso universal al sistema público de educación, desde el nivel inicial hasta la enseñanza media, a través de nuevas obras de infraestructura y prestación de servicios que se programarán en base a un orden de prioridades establecido según el criterio de focalización geográfica.

• Fortalecer la infraestructura educativa existente, asegurando la habitabilidad de las escuelas a través de un plan de inversión donde se garanticen todas las obras necesarias para generar espacios seguros, confortables, higiénicos y con el equipamiento adecuado.

• Garantizar el acceso universal al sistema público de salud, a través de nuevas obras de infraestructura y prestación de servicios que se programarán en base a un orden de prioridades establecido según el criterio de focalización geográfica.

• Fortalecer la infraestructura sanitaria existente a través de un plan de inversión donde se garanticen todas las obras necesarias para generar espacios seguros, confortables, higiénicos y con el equipamiento adecuado.

• Garantizar la prestación de servicios de prevención y promoción de la salud allí donde viven y trabajan las personas, para asegurar que la población de mayor riesgo sea permanentemente asistida. Es por ello que parte de las capacitaciones implementadas a través del SSEyF deben estar destinadas a la formación en Promoción de la salud, de forma tal de contar con una dotación de agentes sanitarios que puedan desarrollar acciones de salud casa por casa, facilitando la detección de problemas básicos para la preservación de la salud en un sector de la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.

• Construir, ampliar y refaccionar viviendas a fin de atender las necesidades habitacionales de la población, priorizando a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad habitacional.

• Universalizar el acceso a los servicios públicos esenciales (redes de agua, cloacas, gas y luz).

• Urbanizar las villas a través de la diagramación de calles, la incorporación de transporte público y el tendido de alumbrado.

De esta manera, la conformación de un SSEyF requiere para su implementación de la constitución de un Consejo Nacional por el Empleo, la Formación y el Cambio Técnicocon el fin de consolidarse como un área pública con representación plural y multisectorial en términos sociales cuya misión principal consista en revisar la configuración actual del empleo y su vínculo con el proceso de producción en general.

Es preciso señalar que nuestro país no es pobre sino que produce pobreza. Este juego de palabras implica nada menos que reconocer que, lejos de ser un fenómeno natural, su origen reviste un aspecto absolutamente desnaturalizado que tiene que ver con la trama de relaciones sociales que sostienen la matriz distributiva que organiza la esquema de acumulación vigente. En otros términos, la desigualdad es lo que está de fondo en el fenómeno de la pobreza. Realizando un ejercicio de factibilidad para resolver la pobreza, se verifica que la transferencia de ingresos a los hogares pobres representa un escueto margen del 6% del PBI, que si consideramos los ingresos ya disponibles con los que cuentan los hogares en esta condición, se reduce al 2,4% del PBI. Con el objeto de erradicar el hambre, con tan sólo distribuir entre el 0,5% y 0,2% del PBI sería posible resolver la emergencia del hambre. Claro está que en la Argentina de hoy sobran recursos pero falta voluntad ya que, independientemente de los instrumentos de política pública que se elijan, el esfuerzo distributivo que el Estado debe realizar es mínimo ya que compromete a sólo el 5,9% del gasto público consolidado.

La reorientación del modelo de consumo y producción articulada con el shock distributivo

Uno de los efectos simultáneos del shock distributivo explicado en el apartado anterior,consiste en el cambio de composición de la demanda agregada por la vía del fortalecimiento del carácter popular de la misma. Alejada de la práctica habitual del sector público, la propuesta del piso de ingresos, busca romper con la lógica dominante de la política social de carácter reactivo y de reparación ante las eventuales emergencias sociales que produce el sistema económico tal como funciona para convertirla en una política integral que también genere las condiciones de posibilidad de un cambio en el patrón de consumo y producción.

Lo anterior implica que la redistribución de un monto anual de ingresos destinado mayormente al consumo de los denominados “bienes salarios” produce un efecto reactivador en el mercado interno que en una primera instancia y de manera directa, se centra en el conjunto de sectores de actividad asociados con los mismos para posteriormente,traccionarsobre el resto del entramado productivo. Por otra parte, este crecimiento económico asociado sólo puede estar promovido por un mayor insumo de fuerza de trabajo por parte de los nuevos procesos productivos estimulando así la capacidad de generación de empleo. Es preciso, de todos modos apuntar aquí, que sin un replanteo de la intervención pública en el proceso de inversión, los posibles efectos virtuosos en el marco de la actual estructura económica, pueden quedar prontamente neutralizados conforme al poder de mercado y captación diferencial del excedente ejercido por las estrategias de acumulación de los actores económicos concentrados. Por esta razón es que, si bien para la presentación del siguiente ejercicio pasamos por alto la consideración anterior, en los próximos puntos se retoman algunas de las limitaciones estructurales existentes que son necesarias poner en debate. Entre las más importantes y que afectan la efectividad de nuestra propuesta se encuentra la alta incidencia de los insumos, tecnología y bienes de capital importados para el funcionamiento del sector industrial que impide encadenamientos productivos y compromete las cuentas fiscales; la concentración económica y la remarcación de precios; y las estrategias de intensificación de explotación de la fuerza laboral que pone límites a la generación de empleo.

A continuación presentamos los principales resultados de un ejercicio, en base información estadística del año 2014, para ilustrar las posibilidades de reorientación productiva que ofrece el shock distributivo como política destinada a incidir en el modelo de consumo y producción.

• A partir de la estructura relativa que expresa la canasta entre los distintos componentes constitutivos nos aproximamos a la distribución sectorial que puede llegar a tener un shock de demanda. Observamos que el shock de demanda tendrá impacto, en una primera instancia, en los sectores directamente vinculados con los bienes salarios incorporados en la canasta dando como resultado un crecimiento inicial del PBI del 2,5%, explicado principalmente por el incremento de la producción Industrial, seguido del sector de Transporte; la Construcción; y los servicios de Electricidad, gas y agua.

• Sin embargo, no se agota allí. El crecimiento inicial del producto genera un efecto multiplicador hacia el resto de los sectores productivos que resulta ser de aproximadamente 2,5 veces. De este modo, la primera vuelta o shock inicial –presentado en el cuadro anterior- se repite 1,5 veces más, generando que el incremento final de la producción (tomando un período anual) ascienda a 6,3%. A diferencia de la inyección inicial de demanda, que se dirige a un subconjunto de sectores asociados a las necesidades básicas de la población en situación de pobreza, en las instancias subsiguientes suponemos que hay un derrame hacia el resto de los sectores, que asume la misma configuración sectorial vigente.De este modo, el crecimiento a nivel general del 6,3%, resulta de un incremento en todas las ramas de actividad, que fluctúa entre el 3,8% y el 14,5% (destacándose dentro de la industria, un crecimiento del 29,3% en la producción de alimentos y bebidas).

• Adicionalmente, el crecimiento experimentado por el producto tendrá como consecuencia un impacto en la creación de empleo. Para medir la magnitud de tal impacto, se calculó a nivel sectorial la elasticidad empleo-producto promedio para el período 2003-2011⁷, debido a que a partir de 2012 se da inicio a una fase de estancamiento y recesión. De esta manera, vinculando la elasticidad empleo-producto promedio de cada sector con el crecimiento estimado del producto a nivel sectorial, se obtiene el crecimiento del empleo a generarse en cada sector. Así, surge que a nivel general el crecimiento del producto del 6,3% tendrá como consecuencia un incremento en el empleo del 8,2%, el cual presenta fluctuaciones a nivel sectorial, estando entre las ramas más dinámicas la industria (16,7%), la construcción (10,4%)y el servicio doméstico y otras actividades comunitarias (11,3%). Expandiendo estos resultados al conjunto de los ocupados urbanos, surge que en el período de un año se pueden generar cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo.

• Por lo tanto, tan sólo con la puesta en marcha de un shock de Demanda, en 3 años se producirían casi 4 millones de puestos de trabajo.

Socialización de la renta tecnológica propiciando un nuevo reparte del tiempo de trabajo entre empleo y formación

De manera sucinta podemos decir que en toda economía capitalista, sea esta de carácter desarrollado o no, la existencia de los ciclos económicos que da lugar a la alternancia de crisis está, por lo general, fuertemente relacionado con el desajuste que se establece entre las fuerzas productivas que realimentan los procesos de producción y reproducción social con respecto al tipo de gestión que los organiza.

Particularmente, es la misma estructura económica sustentada sobre relaciones de propiedad de los medios de producción dominantemente oligopólicas las que definen los criterios de gestión y organización de los procesos productivos que con el fin de maximizar rentabilidad empresarial generan –y de manera histórica vienen generando - tendencia a la escasez de la demanda de bienes de consumo y su contracara, crisis por sobreproducción. A ello se suma desde hace varias décadas el contexto global actual de permanente cambio tecnológico que impacta directamente sobre el desarrollo de las fuerzas productivas agudizando la tendencia a la expulsión de mano de obra y transformando al flagelo social de la desocupación en un rasgo estructural del sistema económico.

Es así como los criterios de gestión vigente, o la falta de regulación sobre la economía producen conceptos erróneos para la administración, apropiación y por lo tanto la distribución de los rendimientos del dinamismo tecnológico relacionados principalmente con las condiciones que determinan los procesos de acumulación del capital: la productividad, la reinversión del excedente económico y la rentabilidad empresarial. Desde la gestión vigente la productividad está relacionada con la reducción de trabajo vivo por unidad de producto porque su lectura está asociada a una noción de eficiencia para el capital invertido, es decir una productividad para el capital. De esta manera la renta tecnológica sólo puede ser apropiada enteramente por el capitalista y la reinversión se asocia simplemente con la incorporación de nuevos equipamientos que permitan ampliar la productividad entendida de este modo.

Lo que omite la organización actual de los procesos productivos, es que el conocimiento resulta el eje fundamental del nuevo paradigma productivo y que, por lo tanto, el menor consumo de fuerza de trabajo por unidad de producto culmina con mayores índices de desempleo y sobreexplotación laboral, impactando negativamente en la posibilidad de generar instancias continuas de formación y de mayor calificación de la fuerza laboral, cuestión clave, como dijimos, para el desarrollo tecnológico. Omite por completo una de las características del nuevo modelo de acumulación, que con las nuevas tecnologías informacionales y los nuevos métodos de gestión participativos, el trabajador necesita un nivel de formación cualitativamente superior a lo que se requería en la revolución industrial cuando la cuestión era operar las máquinas herramientas y complementar manualmente sus operaciones. El resultado de esta situación que combina una gestión dominantemente neoliberal y el desarrollo persistente de la tecnología ocasiona depresión de la demanda y deterioro de la fuerza laboral.

Por lo tanto, la renuncia por parte del ámbito público sobre la regulación del conjunto de relaciones de producción implica subordinarlas al funcionamiento de la economía dirigida por la maximización de la tasa de ganancia y restringir las alternativas de salida a las sucesivas crisis al ajuste sobre los trabajadores y el empeoramiento de sus condiciones de vida. En este marco, consideramos pendiente un profundo replanteo sobre el marco de apropiación de los excedentes sociales, es decir, las formas sociales bajo las cuales se organizan los nuevos procesos productivos, tema éste que al examinarse con profundidad exige la revisión de la cuestión del empleo, determinante para la conformación de un orden social más inclusivo en cuanto a la distribución del tal excedente.

La necesidad de alcanzar efectivamente esta cuestión implica nada menos que la tarea de construir estrategias que contribuyan a desmercantilizar uno de los aspectos claves para el funcionamiento de la economía⁸: la libre disponibilidad de mano de obra⁹. Libre disponibilidad entendida como la premisa necesaria para el tipo de gestión actual basada en la exclusividad que tiene el mercado –en este caso el marcado laboral- como ámbito de reproducción de la fuerza laboral, es decir, como la única instancia de subsistencia para el trabajador. La contratación laboral que implica la relación empresario – trabajador y la fijación del sustento para la segunda parte, el salario, dista mucho de significar una negociación entre iguales en tanto una de las parte busque valorizar su capital invertido y la segunda, nada menos que no morirse de hambre.

Esto implica relajar uno de los puntos nodales que guarda la lógica de funcionamiento del capitalismo que está relacionado con el “circuito de reproducción de la fuerza laboral” entendido como la relación continua entre venta de la fuerza de trabajo – salario – consumo. Este circuito está subordinado a otro circuito que tiene relación directa con el fin último del capital, su autovalorización, que permite transformar el capital inicial en acumulación constante de riqueza abstracta representada por el dinero. Es en este sentido que pese al andamiaje normativo vigente en materia laboral nuestra economía sostiene uno de los fundamentos necesarios de toda economía monetaria de producción que el acceso desigual de la moneda existente en la relación salarial es decir, en la relación de producción representada en el capital y el trabajo. Esta clase, la que contrata trabajo, que puede decirse que “gana lo que gasta” encuentra su premisa y su fundamento en la circunstancia de que los trabajadores “no pueden gastar más de lo que ganan” y por lo tanto, acceden a la moneda a través de vender su fuerza de trabajo al capital. Aquí por lo tanto, se deduce un elemento más en cuanto a los criterios que utiliza gestión actual de los procesos de producción, que es nocivamente naturalizado, y que tiene que ver con el hecho de que el nivel de empleo, es decir el cuánto de la cantidad de fuerza de trabajo utilizada –y por ende el acceso a la moneda de la misma-, es una variable dependiente de las expectativas de rentabilidad de los empresarios, es decir del empleo considerado rentable. Por lo tanto, el dominio que ejerce el empresario sobre el trabajador no es más que el dominio que ejerce el dinero sobre el trabajador¹⁰. En consecuencia no es sin relajar la restricción salarial, es decir, aminorar el poder del capital de control sobre la creación monetaria que es posible pensar en una revisión seria de la cuestión del empleo.

En este sentido, la emisión monetaria que se conforma a través de créditos bancarios al capital “consiste en (…) antevalidar una producción futura, pero bajo la condición del cierre de circuito monetario que él mismo supone: que la plusvalía producida haya sido realizada.” De esta manera, la moneda es creada una y otra vez “de la nada” siempre y cuando al empresario le implique un proceso de valorización del capital invertido. Lo cual abre la posibilidad de indagar sobre la posibilidad de disponer una cuánto de esta creación monetaria, para que en este caso sea “la reproducción de la fuerza laboral” o salario el concepto adelantado y a realizar posteriormente.

Asimismo y como se mencionó anteriormente, en la coyuntura histórica actual se incorpora un rasgo adicional que agudiza la restricción monetaria de la relación salarial, espacialmente a través de una tendencia creciente a precarizar los términos salariales y las condiciones de trabajo de la mano de obra, que tiene que ver con la estrategia empresaria de amplificar la apropiación sobre el dinamismo tecnológico que deviene de “la masa de saberes necesariamente especializados que combina la producción social” con el fin de conservar el dominio frente a la potencial autonomía que ofrece el conocimiento “el desarrollo de una inteligencia colectiva”, es decir, la transformación del conocimiento en una mercancía ficticia.

Por estas razones sucintamente expuestas, es que es posible subvertir la tan naturalizada lógica de acceso desigual a la moneda a partir de plantear una moneda endógena a la reproducción de la fuerza laboral (y no a la autovalorización del capital) representada a través de un “ingreso social garantizado” para aliviar la restricción monetaria de la relación salarial. Sin embargo, esta propuesta lejos de estar inscripta en los programas de transferencias de ingresos condicionados que a nivel mundial hoy son difundidos e impulsados por los organismos internacionales como el Banco Mundial (garantes de la actual regulación económica)¹¹ que consiste en la transferencia de ingresos que implican estándares insuficientes para garantizar condiciones de vida sin además plantear una revisión del lugar del empleo en el sistema económico que permita resolver definitivamente esta cuestión.

Es en este sentido como la revisión del empleo nos lleva directamente a la relación de producción planteada en el clivaje capital / trabajo y concatenadamente al replanteo de la distribución de excedente social. El ingreso social garantizado se plantea, desde este punto de vista, no ya como un ingreso derivado de la redistribución sino más bien como una “(…) remuneración social de dimensión cada vez más colectiva de una actividad creadora de valor, que se extiende sobre el conjunto del tiempo social, dando lugar a una enorme masa de trabajo no reconocido y no retribuido”. Lo anterior significa resignificar el concepto de trabajo y subvertir la lógica planteada por la teoría económica tradicional que lo asimila a empleo o empleo de trabajo por el capital, es decir al empleo rentable (como lo mencionamos unas líneas más atrás).

Concretamente, en esta fase del capitalismo con epicentro en la generación continua de nuevas tecnologías para lo cual el conocimiento es una característica fundamental para el uso de la fuerza laboral, encuentra aún más difuso que en otras épocas el límite entre la jornada laboral de producción vs. la jornada laboral de reproducción. Y es justamente la actividad relacionada con la formación y calificación, el aprendizaje, el desarrollo de un oficio, la especialización, adaptación y generación de conocimiento etc. lo que generalmente se desarrolla en la esfera de la reproducción del hogar de los trabajadores a costa de su “tiempo libre” implicando para el capital costos nulos o marginales y sin embargo, una importante apropiación de los rendimientos generados. La abusiva y engañosa idea de que el conocimiento es un activo humano, de índole particular, responsabilidad del propio individuo formado se desvanece al constatarse el constante proceso de mercantilización que vive al transmutar la socialización del conocimiento desde un producto social a una mercancía privada a la cual el capital accede como un insumo adyacente de la fuerza laboral ampliando la apropiación del trabajo realizado por la misma. Más aún, sin delimitar el desarrollo cognoscitivo de la fuerza laboral a sólo los circuitos formales es posible corroborar que la instancias de tiempo que la fuerza laboral permanece fuera del circuito productivo de capital, lejos de tiempo muerto, ocioso (como le gusta denominar a la teoría económica tradicional) constituye “trabajo libre” que puede ser improductivo para el capital pero sumamente útil en términos sociales.

De esta manera, un ingreso desligado de la lógica contributiva capitalista implica sincerar, reconocer aquella remuneración no retribuida ni por el segmento empresarial ni por el Estado al tiempo que promueve las instancias de formación del conjunto de la fuerza laboral de manera continua y permanente como parte fundamental de su vida laboral activa.

Por esta razón es que, la propuesta del SEyF busca articular con la estrategia del Piso de Ingresos y Garantías, para alcanzar al conjunto de la fuerza laboral e incorporar, también bajo la órbita del Consejo Nacional por el Empleo, la Formación y el Cambio Técnicola constitución de las Mesas Sectoriales de Formación y Empleo. De manera sintética podemos agrupar los principios esenciales que las mismas deberán respetar:

1. Redefinir el reparto del tiempo de trabajo a partir de liberar tiempo de trabajo para la formación atendiendo a las dificultades que este aspecto fundamental conlleva para ser realizado por el segmento activo de los trabajadores. Esta cuestión es de carácter fundamental porque amplía el circuito de reproducción de la fuerza laboral incorporando los procesos de formación como parte necesaria del mismo en línea con alentar el desarrollo tecnológico que precisa la estructura productiva vigente.

2. La conformación de un fondo de financiamiento de regulación autogestionada por los trabajadores a partir de los recursos que surgen de los aumentos de productividad sectoriales.

3. Ampliar el ritmo de incorporación de fuerza laboral a los procesos productivos existentes como modo de complementar el nuevo esquema de reparto de formación – trabajo que derivará en salidas transitorias por parte de la fuerza laboral activa durante el tiempo de formación. La ampliación de su fuerza productiva conforme a una mayor adecuación de ella al dinamismo tecnológico implica transitar un proceso de desplazamiento del concepto de “productividad / competitividad” vía costos, más particularmente, vía minimizar el costo laboral.

4. Habilitar instancias que promuevan la democratización de la economía, es decir que como parte de una gestión del nuevo tipo en cuanto al circuito de reproducción de la fuerza laboral comiencen a habilitarse también mecanismos que permitan el surgimiento de nuevos actores de la producción.

1 Promedio anual 2017 estimados con los primeros tres trimestres publicado por Cuentas Nacionales – INDEC.

2 Proyección al año 2017.

3 Los datos de del Módulo de Relaciones Laborales de Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo indican que, al año 2008, la proporción de trabajadores registrados del sector privado que está por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo asciende a 18,4%. Considerando al resto de los segmentos de la fuerza trabajo (como los no registrados, los independientes, los desocupados, entre otros) surge entonces que el 58% de la fuerza laboral ocupada y el 62% de la fuerza laboral total están excluidos del conjunto de derechos laborales garantizados por la negociación colectiva de trabajo. Cabe aclarar que esta estimación resulta optimista ya que considera que la cobertura de los CCT para el conjunto de los trabajadores del Estado es idéntica al sector privado, cuando la mayoría de los municipios y buena parte de las provincias (que representan el 80% del empleo público) no disponen de convenios colectivos. Como corolario de esta baja incidencia se agrega que la tasa de afiliación sindical de los privados registrados es del 37,7% lo cual expresa que las organizaciones sindicales representan actualmente a tan sólo el 19,4% de los ocupados y al 17,5% de la fuerza laboral.

4 Hasta el momento, el último valor publicado de la CBT corresponde al mes de Enero y asciende a $16.974 para una familia tipo. La proyección al mes de Marzo se realizó considerando una tasa de inflación mensual para Febrero de 2,1% y para Marzo del 1,5%.

5 Promedio anual 2017 estimados con los primeros tres trimestres publicado por Cuentas Nacionales – INDEC.

6 Proyección al año 2017.

7 En el cálculo del promedio se exceptuó el año 2009 ya que por ser un año recesivo en algunos sectores genera graves distorsiones en los resultados. A modo de ejemplo, en el sector de Alimentos y Bebidas, cuando se incorpora el año 2009 se obtiene como promedio de todo el período una elasticidad empleo-producto negativa, a causa de que este sector sufrió una recesión económica en dicho año. Sin embargo, diversos estudios comprueban que dicho sector posee en términos históricos una elasticidad empleo-producto elevada, más allá de las cuestiones coyunturales que puedan alterar tal indicador.

8 Economía capitalista.

9 Incluso considerando el cuerpo normativo – jurídico que aporta la legislación laboral y salarial vigente con el fin de regular las condiciones laborales, se verifica que los trabajadores ofrecen su capacidad de trabajo en el “mercado laboral” porque es la única vía para hacerse de su sustento.

10 Poder éste que puede expresarse en dinero, o sea, en su forma desmaterializada o bien, como dominio ejercido por una cosa, los medios de producción.

11 Desde hace un tiempo se los encuadra, de manera general, en la estrategia conocida como piso de protección social (PPS) o prestación social básica.