EL DECRETO 385/77
El 11 de febrero de 1977 se dictó el Decreto Nacional 385/77. Fue firmado por Jorge
Rafael Videla, el entonces Ministro de Trabajo Horacio Tomás Liendo y el Ministro de
Justicia Julio Arnaldo Gómez. Publicado en el Boletín Oficial 17 de febrero de 1977, su texto era el siguiente:
Artículo 1: Déjase sin efecto el artículo 7 del decreto N. 1 045/74 y todas aquellas normas o disposiciones dictadas en su consecuencia, que posibilitaron la extensión a todos los trabajadores de la actividad, de las cuotas o contribuciones impuestas por las respectivas asociaciones profesionales de trabajadores.
Artículo 2: A partir de la publicación del presente decreto y antes del diez de abril de 1977, las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, deberán presentar a los empleadores, la nómina de afiliados que trabajen en sus establecimientos respectivos.
Artículo 3: En el mismo plazo los empleadores requerirán a cada trabajador manifieste por escrito y en doble ejemplar si esta o no afiliado a la respectiva asociación profesional con personería gremial. Uno de esos ejemplares los empleadores lo retendrán para su resguardo y el otro lo entregarán en la entidad gremial que correspondiere.
Artículo 4: A partir del primero de mayo de 1977 el empleador retendrá las cuotas o contribuciones especiales únicamente a los trabajadores incluidos en la nómina de afiliados a que hace referencia el artículo segundo, previa verificación de las manifestaciones previstas en el artículo anterior. En caso de no coincidir, limitara las retenciones a los trabajadores que en dichas manifestaciones hubiesen expresado afirmativamente el carácter de afiliado a la asociación profesional con personería gremial e informara al sindicato los nombres de los trabajadores incluidos como afiliados en la nómina y que manifiesten no serlo.
Artículo 5: En caso de futuras afiliaciones o desafiliaciones, el sindicato deberá cursar comunicación fehaciente al empleador y el trabajador deberá informárselo por escrito. El empleador comenzará o cesará, según el supuesto, las retenciones de cuotas o contribuciones, a partir del primer día del mes siguiente al de la recepción de la manifestación escrita del trabajador y procederá a suministrar a la asociación profesional respectiva, la información a que se refiere la última parte del artículo 4.
Las consecuencias de este decreto eran las siguientes:
• Decretaba la “caducidad” de los padrones sindicales. Es
decir obligaba a una reafiliación masiva, para obligar a los trabajadores y las organizaciones a realizar una militancia sindical en el contexto represivo más grande que haya conocido nuestro país.
• Obligaba a cada trabajador/a
reafiliarse en el escueto término de 40 días. Con ello se ponía
una fecha límite para que todos los trabajadores ratificaran su pertenencia al movimiento obrero
organizado, teniendo que poner la cara y exponerse frente a la
patronal y las fuerzas militares que en muchos casos ocupaban los lugares de trabajo en su decisión explicita de seguir afiliado.
• Pretendía determinar el universo de trabajadores/as con
derecho a afiliarse y la modalidad de cotización sindical. La
excusa, era terminar con las cuotas solidarias, y para lograrlo
cortaron la fuente de financiamiento genuina con que contaban los
sindicatos.
El Decreto fue firmado por el Dictador Videla, el Ministro de Trabajo Gral. Horacio Tomas Liendo ( padre de Horacio Tomás Liendo quien fuera secretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem (1992-1996) más recordado por haber sido el creador de la Ley de Convertibilidad que instrumentó el entonces ministro Domingo Cavallo y que en la campaña electoral de 2023 volvió a la escena económica por el plan que le acercó a Carlos Melconian y Patricia Bullrich que consiste en un dar curso a un sistema bimonetario.).
La sanción de este decreto , como muchas otras que se sucedieron en esos años destinadas a cercenar los derechos de los trabajadores, estuvieron impulsadas y redactadas por las organizaciones empresarias que representaban a los sectores económicos más concentrados de la Argentina. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) fue una agrupación de federaciones empresariales de la Argentina fundada en agosto de 1975 . Dejó de funcionar a partir de 1977. Su creación estuvo relacionada1 con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que produjo el advenimiento de la dictadura militar, llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y a la que brindó un total y amplio apoyo.La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Copal (alimentación). El 16 de febrero de 1976 la APEGE organizó un lockout o huelga general empresaria, la única de la historia argentina, que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez. Con posterioridad al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, muchos de sus dirigentes pasaron a ser funcionarios del sangriento régimen dictatorial. Su último acto fue una solicitada de apoyo al gobierno militar realizada en 1977, en el aniversario del golpe de Estado.
El 28 de enero de 1976 manifestaron sin tapujos su actitud golpista. En un encuentro con 700 empresarios celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fue cubierto en primera plana por el diario La Nación bajo el título “Enérgico reclamo del empresariado”,
El documento suscrito llevaba como puntos centrales aquellos que se aplicarían al poco tiempo, luego de producido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: una devaluación para reducir los salarios reales, la supresión de las regulaciones a la comercialización, la liberalización de las importaciones, y la disminución del déficit fiscal. Solicitaban “suprimir todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad, y dificultan la comercialización, entre otros las leyes de contrato de trabajo, abastecimiento, control del precios, y horarios de comercio”; “facilitar y simplificar las exportaciones de todos los productos a través de cambios realistas”; y “detener el proceso inflacionario y asegurar la preservación del salario real de los trabajadores a través de una actitud seria y responsable del gobierno en la administración del gasto público” (Pasan los años y los objetivos de los sectores concentrados no varían en absoluto)
Cual fue la reacción de los trabajadores ante la vigencia de este Decreto?
La sorpresa fue mayúscula. Muchos sindicatos lograron retener a la mayoría de sus afiliados. Incluso hubo organizaciones sindicales que incorporaron trabajadores/as que nunca habían llenado su ficha de afiliación. El reflejo defensivo ante el feroz ataque dictatorial funcionó plenamente.
Los medios masivos de comunicación cambiaron de tema.
El acto de autopreservación de los trabajadores/as fue quirúrgico, sorpresivo, inesperado y una clara demostración que la clase obrera lucha aún en la peores circunstancias
En el mismo día que el decreto era sancionado, fue secuestrado por las fuerzas militares el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Oscar Smith, quien aún hoy se encuentra desaparecido.
El DNU 70/23
El 20 de diciembre de 2023. el Presidente Javier Milei emitió el Decreto 70/23 de Necesidad y Urgencia, y cuyo Titulo IV ( actualmente suspendido en su vigencia por la Justicia Laboral) pretende cercenar derechos de los trabajadores otorgándole más beneficios para los empleadores.
En este título del decreto se pretende aplicar un profunda y regresiva reforma laboral que abarca un amplia gama de temas ( ampliación del período de prueba, reducción de la indemnización por despido, reemplazo de la indemnización por despido por fondos de cese laboral, eliminación de las relaciones de dependencia en establecimientos de hasta cinco trabajadores que sean dirigidos por una persona física, debilitamiento de la ley de contrato de trabajo, desregulación de la jornada laboral, facilitación de la tercerización e interposición de empleadores, modificación de los principios de norma más favorable y de irrenunciabilidad, obstáculos a la reinstalación de trabajadores despedidos en forma discriminatoria, pago en cuota de las indemnizaciones por despido, derogación de la ley de viajantes de comercio, cambios en el régimen de teletrabajo, eliminación de las multas por empleo no registrado y por la falta de pago de las indemnizaciones, eliminación de la cuenta sueldo, eliminación de las bolsas de trabajo en el sector rural, limites a la acción colectiva, restricciones al ejercicio de derecho de huelga y límites a la realización asambleas) .
Nos centraremos en UNO solo de los artículos del DNU 70/23, el que refiere y recuerda a las disposiciones contenidas en el Decreto 385/77 del cual se cumplen cuarenta y siete años de su publicación.
Con ello expondremos las vinculaciones que tienen el poder económico concentrado, las políticas antiobreras más radicales y los sectores políticos de la derecha que sirven fielmente a los primeros para conseguir que las clases populares entreguen su fuerza de trabajo al menor costo posible sin ninguna posibilidad que se organicen para resistir las políticas de flexibilización total del sistema laboral.
ARTÍCULO 73.- Sustituyese el inciso c) del artículo 132 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias,
por el siguiente:
“inciso c).- pago de cuotas, aportes
periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los
trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las
convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de
afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería
gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como
por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas
entidades, solo si existe un consentimiento explícito del empleado
autorizando el mismo.”
Con ello se pretende el debilitamiento institucional de las organizaciones sindicales produciendo obstáculos para el financiamiento de las organizaciones sindicales
El DNU exige que los trabajadores y trabajadoras presten su consentimiento expreso ante el
empleador para que este actúe como agente de retención de las cuotas destinadas a las organizaciones sindicales, provengan estas de la afiliación o de la negociación de convenios colectivos
de trabajo. En la práctica ello implicará la eliminación de las cláusulas de solidaridad a cargo de
los trabajadores no afiliados y potencialmente podría conducir a un reempadronamiento general de todos los afiliados sindicales.
Para algunas organizaciones sindicales en cuyo presupuesto las cuotas provenientes de los convenios colectivos tienen un peso importante, este cambio legislativo puede implicar un desfinanciamiento significativo y, por ende, operar como un incentivo para la negociación de cláusulas a la baja. Por ejemplo, podría darse el caso de organizaciones que acepten el reemplazo de
la indemnización por despido por un fondo de cese laboral si ello va acompañado de algún mecanismo de fortalecimiento de los recursos destinados al sindicato.
El DNU 70/23 en su concepción total ha sido tachado de inconstitucional por múltiples
razones. sino que también se denunció que en el DNU 70/23 no participaron los Ministerios, no se emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni se hicieron los dictámenes jurídicos. Saber quienes lo redactaron es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo. Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad porque los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar los decreto del PEN. Si ese fuera el caso hay que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción.
Quien les paga o les pagó? Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios
El DNU 70/23, atacado no solamente por su formalismo, extensión y diversidad de temas que involucran sino porque su incomodidad temática sugieren que este Decreto ha sido redactado por los beneficiados de la aplicación del mismo y amalgamados en un cortar y pegar que configuran un verdadero PLAN DE NEGOCIOS Y SAQUEOS DE LA NACION.
.
El capítulo IV, de temática laboral, parece una burda copia del Libro Blanco de la U.I.A. (Unión Industrial Argentina). A eso se agrega que hay fuertes versiones periodísticas que sugieren que el mismo fue redactado por el Estudio Jurídico Brouchu & Funes de Rioja, cuyo uno de sus socios el actual Presidente de la U.I.A. Daniel Funes de Rioja.
Funes de Rioja fue entrevistado en el programa radial "Y ahora quien podrá ayudarnos" que se emite por la FM 89.9 Radio con Vos., en parte del extenso reportaje se le preguntó sobre la participación de su estudio jurídico en la redacción DNU. Luego de una balbuceante negativa, afirmando que es uno de los dueños del estudio pero que el mismo ha quedado en manos de sus hijos y que desconoce su participación en la redacción, solo quedan más certezas que dudas acerca de la participación de los grandes estudios en la conformación de este manual del saqueo.
Cuarenta y siete años después de la redacción del Decreto 385/77, con distintos actores pero con misma letra la clase dominante sigue interpretando la misma música.....
>Una devaluación para reducir los salarios reales, la supresión de las regulaciones a la comercialización, la liberalización de las importaciones, y la disminución del déficit fiscal. “suprimir todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad, y dificultan la comercialización, entre otros las leyes de contrato de trabajo, abastecimiento, control del precios, y horarios de comercio”; “facilitar y simplificar las exportaciones de todos los productos a través de cambios realistas”; y “detener el proceso inflacionario
En 1976 lo decía la AGEPE, hoy la U.I.A.. Ayer Videla, hoy Milei. Siempre la misma canción.
Fuentes:
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